Se habla en estos días de una nueva “grieta” entre quienes
están a favor y en contra de la legalización del aborto. No creo que sea necesario ni que sume
plantear la cuestión en estos términos.
Estoy a favor de la despenalización y legalización del
aborto, pero respeto a la gente que de buena fe se manifiesta en contra. Muchos
de ellos son amigos y sé que defienden sus convicciones más íntimas. Por eso no
me gusta llamarlos “antiderechos” ni descalificar sus opiniones como medievales
u oscurantistas, así como no me gusta que me digan que no estoy “a favor de la
vida”, ,o que me llamen asesina porque defiendo el derecho de las mujeres a
acceder al aborto.
No me interesa entrar en agresiones, amenazas ni aprietes
porque degradaría el paso histórico que estamos dando en estos días: la
instalación en la agenda pública de un tema que siempre se había barrido debajo
de la alfombra. Un tema que la mayoría de los políticos subestimaba y evitaba en sus campañas porque lo consideraban
“piantavotos”.
El aborto existe, y cada uno de nosotros, de manera personal
o a través de alguna mujer cercana, sabemos que la práctica se realiza de forma
clandestina en todas las clases sociales. Las mujeres más pobres ponen en
peligro su salud y su vida, pero también las mujeres que pueden costear el
procedimiento deben hacerlo en la clandestinidad . Estar al margen de la ley
implica entrar en una zona oscura donde se incurre en un delito tipificado en
el código penal. Ninguna mujer desea abortar y ninguna mujer merece ir a
prisión por no desear un embarazo
Durante las exposiciones de los últimos dos meses en el
Congreso escuché una frase que coincidió entre militantes a favor y en contra
de la despenalización: “el aborto es un fracaso”.
Todos coincidimos en que el aborto es un fracaso, una
situación indeseable por la que nadie quiere pasar. Nadie está “a favor” del
aborto. El aborto es el último eslabón
de una cadena en la que falló el sistema. El aborto es la última ratio, ninguna
mujer con acceso a la anticoncepción llegaría a esa situación extrema. Plantear
que la legalización convertiría el aborto en un “método anticonceptivo” es
asumir el fracaso de las políticas de salud sexual y reproductiva que evitarían
llegar a esa instancia.
El debate no debería encuadrarse como estar a favor o en
contra del aborto, nadie está a favor del aborto, ni está en contra de la vida.
La verdadera cuestión es aborto clandestino sí o no.
Durante las exposiciones en Diputados hubo coincidencia en la importancia de la educación sexual para
evitar embarazos no deseados. Para esto no hacen falta nuevas leyes, sino aplicar la ley 26.150 que ya está vigente
desde 2006. Sin embargo, sabemos que muchos sectores se han opuesto a la vigencia
de esta ley, y que todavía no se aplica de manera pareja ni con los contenidos
adecuados.
También hubo coincidencia en que el acceso a los
anticonceptivos reduciría las situaciones de aborto. El acceso gratuito a la
anticoncepción está contemplado por la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable,
vigente desde 2003, y la ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica que incorporó
la posibilidad de acceder de manera gratuita a la ligadura de trompas y a la
vasectomía
Estos puntos, que en algún momento fueron resistidos por
varios de los sectores que hoy se oponen a la ley, forman parte de un consenso
básico entre quienes tienen hoy en sus manos la legalización del aborto. Hay que aprovechar estas coincidencias para
exigir la aplicación de estas leyes que llevan ya más de diez años de vigencia
y que no se aplican por razones presupuestarias o religiosas.
Ahora vayamos a las diferencias.
Las dos posiciones básicas
parten de las siguientes premisas:
· 1) La persona comienza en la concepción y desde ese
momento debe ser protegida jurídicamente de manera plena
· 2) La vida es un proceso durante el cual se va
formando la persona humana y la protección jurídica es gradual.
No existe consenso jurídico, científico y religioso sobre el
comienzo de la vida, como se ha visto durante el debate al que asistieron
prestigiosos científicos que sustentaron una y otra posición. Cada uno tiene
sus argumentos y es difícil encontrar puntos de contacto. Sin embargo, en una
sociedad democrática, ambas posiciones deberían poder convivir sin excluirse
entre sí. Es necesario entonces encontrar acuerdos posibles.
Van aquí tres argumentos que pueden acercar las posiciones
para las personas que están indecisas:
1) Argumento 1: Conciliar las convicciones
personales con las políticas públicas.
Varios de los legisladores que estaban indecisos se
definieron a favor de la legalización porque consideraron que si bien no estaban
de acuerdo en lo personal, debían legislar en función del interés general y de la salud de
la población.
Muchos de los que estamos a favor de la legalización
respetamos profundamente la convicción de quienes creen que la persona empieza
en el momento de la concepción. No discutimos las convicciones íntimas o
religiosas, que están fuera de todo cuestionamiento y pertenecen a su ámbito
privado y personalísimo. Sin embargo,
consideramos que las leyes tienen que garantizar la libertad de todos: de los
que creen que la persona comienza con la concepción y de aquellos que creen que
la vida es un proceso.
Un estado laico y respetuoso de las libertades civiles debe
respetar a todos y garantizar que cada uno pueda actuar de acuerdo con sus
convicciones. Pero mientras aquellos que consideran que la persona comienza con
la concepción pueden decidir continuar con el embarazo no deseado, aquellas mujeres
que no comparten esta posición, se verán
forzadas a ser madres. Nadie puede obligar a alguien a abortar, quien no desee
hacerlo no lo hará, pero a aquellas mujeres que padecen un embarazo no deseado
se las obliga a parir imponiéndoles
convicciones morales o religiosas que no comparten.
Muchas personas católicas apoyan la legalización y no ven
contradicción con sus creencias personales porque consideran que en un estado
laico todas las posiciones deben ser respetadas. “Yo no lo haría bajo ninguna
circunstancia, pero no puedo prohibir que otra persona lo haga”, sería el razonamiento.
En Irlanda, uno de los países más católicos del mundo, la población apoyó en un
66% una reforma constitucional que habilita la legalización del aborto. Jon O’Brien, representante de Católicos por el
Derecho a Decidir expuso el último día del debate en Diputados en la Argentina y
afirmó que como católicos apoyaban la libertad de conciencia y no veían
contradicción en ello.
En 1975 y tras un largo debate, Francia despenalizó el
aborto mediante la llamada Ley Veil, que recibió ese nombre por su impulsora,
la entonces ministra de Salud, Simone Veil.
Años después, el Presidente Válery Giscard d’Estaing
(1974-1981) sostuvo un tenso diálogo con Juan Pablo II en el Vaticano que le
reprochaba al presidente, católico practicante, que la ley fuera sancionada
durante su mandato. “”Yo soy católico”, le dijo el entonces gobernante francés
al Papa. “Pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo
imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos. Como católico
estoy contra el aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su
despenalización”.
En un país con libertad de cultos y de
conciencia, las distintas posiciones deben ser respetadas y las convicciones
individuales no deben imponerse sobre las cuestiones de Estado. La libertad de
conciencia debe ser garantizada
2) Argumento 2: Las razones para
despenalizar ¿Estamos de acuerdo con que las mujeres que abortan vayan a
prisión?
El código Penal castiga el aborto desde 1921 en los
artículos 85, 86 y 87 con penas de reclusión o prisión de uno a cuatro años. La
pena se establece tanto para la mujer que se somete al aborto como para la
persona que realice el procedimiento. Si se tratara de profesionales de la
salud, se los castiga también con la inhabilitación por el doble de tiempo de
la pena. Los únicos casos exceptuados
son los del art. 86 incs. 1 y 2, donde se prevé el aborto no punible para casos
de peligro para la vida o salud de la
mujer o violación.
La respuesta penal es la última opción de muchas posibles,
implica medidas extremas como la privación de la libertad. Cabe entonces
preguntarse: ¿Es la sanción penal la respuesta adecuada para una persona que se
somete o facilita un aborto? ¿Queremos
enviar a prisión a las mujeres?
¿Queremos que cargue además del embarazo no deseado y del aborto
clandestino, con una pena de cárcel?
La mayoría de las personas que expusieron “en contra” de la
legalización, hablaron de acompañar a la mujer durante el embarazo no deseado,
se mostraron empáticos hacia su situación. No obstante, mantener la legislación
como está ahora implica responsabilizarla de un delito penal con pena de
prisión. Si no están de acuerdo con esto, deberían apoyar que cambie la ley.
Según un informe de la Defensoría General de la Nación, en los últimos cinco
años se formaron 167 causas contra mujeres que habían abortado. “El derecho
penal fracasa en su finalidad de prevención”, dice el informe.
¿Es la privación de la libertad la única respuesta posible a
una práctica que se realiza masivamente? ¿Cuántas mujeres y cuántos
profesionales deberían ir a prisión si la ley vigente se aplicara? ¿Es esto
razonable? -¿se imagina alguien una prisión capaz de albergar a todas las
personas que practican abortos? ¿sería justo aplicar esta sanción?¿Cómo se
haría en la práctica?, ¿Deberían los recursos del estado destinarse a la
persecución penal de una práctica que se realiza en situación de necesidad
cuando ha fallado todo el sistema para evitar embarazos no deseados?¿Ha dado
resultado la criminalización del aborto para evitarlo?
La respuesta penal vigente desde 1921 ha relegado la
práctica a la clandestinidad y no evita que los abortos se realicen. ¿Por qué se insiste entonces en mantener un
castigo penal que produce un problema de salud pública condenando a la
clandestinidad a miles de personas, y que no previene ni evita que se sigan
produciendo los hechos?.
¿Qué ganamos criminalizando el aborto?
3) Argumento 3: Las razones para legalizar.
¿Por qué el aborto es un problema de salud pública?
La criminalización del aborto conduce a la
clandestinidad. La clandestinidad hace
que se realice de manera insegura, en lugares no habilitados y fuera de los
controles del Ministerio de Salud. El
aborto clandestino produce muertes, infecciones y complicaciones que pueden
dejar secuelas. Impide además aplicar políticas públicas para que la decisión
de la mujer se tome con la información adecuada, y que se den nociones de salud
sexual y reproductiva para prevenir a futuro.
Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2014
los egresos hospitalarios por aborto en instituciones públicas fueron 47 mil. Existieron 43 muertes maternas que representan
un 17% del total. Estas cifras son
incompletas porque no contemplan el sistema de salud privado, que tiene el 50 por ciento de las camas totales del país, y
porque muchos médicos codifican esas muertes con otros padecimientos por temor
a represalias, según informó el Ministro de Salud de la Nación Adolfo
Rubinstein. Recomendamos repasar su exposición donde fundamenta con claridad e
información por qué el aborto debe ser abordado como un problema de salud
pública.
A esto se suma la inequidad social que implica que quienes
tienen medios económicos puedan acceder a prácticas seguras, y quienes no los tienen tengan que recurrir a
métodos riesgosos.
Se ha probado a lo largo de las audiencias que la proporción de abortos inseguros aumenta donde
las leyes son restrictivas, dando lugar a mayores índices de muerte y
morbilidad materna. En aquellos países donde el aborto fue legalizado, en
cambio, los abortos inseguros prácticamente no existen. También se han
presentado estadísticas referidas a la disminución de la cantidad de abortos en
los países que legalizaron la práctica.
Uruguay legalizó el
aborto en 2012 y actualmente tiene la tasa de mortalidad materna más baja de
América detrás de Canadá, según las estadísticas presentadas. También se
redujeron los casos de mujeres con infecciones u otras dolencias y disminuyó la
cantidad de abortos. Los resultados son el producto de muchos años de políticas
de prevención y educación, además de la legalización del aborto.
Detrás de todos estos números y conceptos abstractos hay
duras historias que circulan en la clandestinidad. Historias de mujeres que
llegan a los hospitales con infecciones por haberse insertado un tallo de
perejil, una aguja de tejer o una sonda, o mujeres que han abortado en una clínica
sin perder el temor por estar realizando un acto penado por la ley. Historias
de falta de educación sexual o de
anticonceptivos que fallan. Historias de adolescentes que viven el embarazo a
escondidas, de mujeres que quedan embarazadas a edades avanzadas, o de mujeres
que no pudieron cuidarse debido a la violencia de género. En fin, la casuística
es infinita pero hay un punto en común:
ninguna esperaba llegar a esa instancia.
La legalización no obligará a nadie a abortar, pero
garantizará que aquellas mujeres que tomen la decisión puedan hacerlo de manera
segura, que reciban información antes de hacerlo, que ingresen al sistema de
salud, y que se erradiquen las prácticas clandestinas. La maternidad debe ser producto de una
decisión, y no debería ser una imposición para nadie.
